El gobierno Santos presentó la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992. Como se esperaba, el eje de esta propuesta consiste en ampliar la participación del mercado, como estrategia principal para aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación superior. Para ello, el gobierno convoca a la “inversión privada”, tanto en instituciones públicas como privadas, y ofrece condiciones para el lucro de los inversionistas nacionales o transnacionales.
Éste es un ingrediente de la confianza inversionista exigida para convertir la educación superior y la ciencia y la tecnología local y regional en nichos atractivos para la inversión global, en el marco del modelo extractivista de las cinco locomotoras del crecimiento económico, escogidas según supuestas ventajas comparativas del país en la economía global. Esto es, un territorio lleno de materias primas o commodities exportables, mejor si se ubican en el ciclo de acumulación financiera.
Al promover el mercado de la educación superior, la propuesta no acaba con las instituciones públicas, pero las obliga a comportarse como agentes de mercado, borrando toda diferencia con las instituciones privadas, según lo ocurrido en el sector salud con los hospitales. La manera de hacerlo parece menos traumática que en salud, donde se pasó abruptamente del “subsidio a la oferta” o presupuestos históricos, al “subsidio a la demanda” o pago per capita o por servicio prestado a cada uno de los pobres. Se anuncia que se hará gradualmente, combinando recursos para oferta y para demanda, pero con predominio de los segundos. Por ello, tal como lo propuso el gobierno anterior, se ofrece una gama de opciones de financiamiento para que todos los agentes -tanto oferentes como consumidores- se sientan estimulados:
- Se mantienen los presupuestos en pesos constantes para las universidades e instituciones públicas.
- Se acude al mecanismo de cobro ejecutivo para el pago de la deuda acumulada por departamentos y municipios con las universidades del orden territorial.
- Se incrementan los recursos según el crecimiento del PIB (30, 40 o 50% si el aumento es del 5, entre 5 y 7.5, y más del 7.5 % respectivamente).
- Se habla de incrementos del 1, 2 y 3 % entre 2012 y 2019, aunque no cubran el déficit acumulado en las universidades públicas. Estos recursos serán asignados según complejidad y pago per cápita (léase, subsidio a la demanda) para nuevos cupos priorizados por el Ministerio y por “convenios de desempeño”, en contra de la autonomía universitaria.
- Se alienta a las instituciones públicas para que realicen grandes negocios con el sector privado y al capital privado para que aporten a un fondo de inversión (FOMINVEST).
- Se ofrecen más recursos de crédito blando para infraestructura en las instituciones privadas.
- Se asignan recursos a los estudiantes pobres para subsidio de mantenimiento y beca-crédito.
- Se aumenta el crédito educativo de ICETEX, con menores tasas de interés y umbral de ingresos para comenzar el pago, para sectores medios.
- Se asignan recursos de las regalías para que Colciencias amplíe sus convocatorias y todas las instituciones compitan por ellos.
La historia de los últimos 20 años demuestra que la confianza en el mercado no ha resultado la mejor opción. Por el contrario, aún en mercados más regulados, como el de aseguramiento en salud, se comprueba que las reglas favorecen a los agentes dominantes y terminan generando más concentración de recursos en su patrimonio, a costa de la negación sistemática de atención a los usuarios, de las fallas de calidad y oportunidad que terminan en consecuencias intolerables e incrementan la inequidad social.
La educación superior, como la salud, no mejoran su calidad con la competencia abierta por la rentabilidad. Los costos aumentan cada vez que se invierte en calidad y los precios no bajan cuando se dotan de nueva tecnología. La salud y la educación no se comportan como los teléfonos celulares en mercados abiertos. La propuesta gubernamental dista mucho de ser la única o la mejor opción para insertarse a la sociedad del conocimiento. Puede ser la mejor para acumular capital, pero no para superar las profundas inequidades características de la sociedad colombiana.
La Universidad Nacional de Colombia, como la universidad pública y nacional por excelencia, está obligada a participar en el debate sobre la propuesta gubernamental con total autonomía y sentido crítico. Por ello, el Comité de Representantes Profesorales de la Sede Bogotá llama a la comunidad universitaria a la creación de espacios de construcción colectiva y de movilización, de cara al país, para ofrecer alternativas sólidas y viables para la educación superior colombiana.
Existen varias opciones que los universitarios debemos debatir:
- Proponer un modelo de predominio público estratégico, que permita incrementar la cobertura con criterios de equidad, calidad y autonomía real de la academia, con recursos suficientes obtenidos con alta legitimidad social y política.
- Buscar una separación declarada de la normatividad y los recursos entre un subsistema público y uno privado, de manera que no se obligue a una competencia abierta que limite la autonomía universitaria.
- Profundizar la adaptación de las universidades públicas a la lógica del mercado de los servicios educativos y de ciencia y tecnología, encontrando el nicho más rentable o costo-efectivo.
Para desarrollar una participación suficientemente amplia y eficaz, proponemos construir una agenda que permita articular esfuerzos y fortalecer la argumentación, la acción colectiva y la estrategia política de la comunidad universitaria. Siempre cabe, en todo caso, la participación individual a través del foro virtual ofrecido por el Ministerio de Educación Nacional. Pero un proceso respaldado por acuerdos sólidos de la comunidad universitaria permite procurar la búsqueda de una mayor legitimidad.
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