Por: Comité de las Representaciones Profesorales de Univalle CORPUV
Resumen
La Reforma propuesta es radical, nefasta para la educación pública y regresiva en términos de la brecha en el acceso a la Universidad entre los ricos y los más pobres. Es la declaración de la Educación como una mercancía, sujeta como cualquier otra a las leyes de un mercado capitalista. Es el desmonte de la educación pública y la violación a la autonomía universitaria, por la vía de la competencia salvaje que representa una política frenteramente neoliberal, donde se privilegia la financiación a la demanda y se invita al Capital nacional y extranjero a participar en el negocio de la Educación.
Introducción
En este documento reflexionaremos sobre la Reforma a la ley de Educación Superior presentada por el Ministerio de Educación en el gobierno de Santos, el pasado viernes 11 de marzo en Bogotá ante miembros de los Consejos Superiores de las Universidades Públicas, entre otros.
Se intentará que este escrito muestre el panorama que espera a la Educación Superior en el País, de prosperar este proyecto de Reforma, como se espera que ocurra. Se espera a través de las reflexiones desarrolladas aquí, que hagamos una valoración crítica de los impactos potenciales de la misma. Para ello haremos una muy breve presentación de aspectos clave de la actual ley 30 que rige la Educación Superior, describiremos el conato de reforma que se intentó en la agonía del gobierno de Uribe, que pretendía modificar especialmente los artículos 86 y 87 de la ley 30 y luego describiremos la propuesta del actual gobierno que ya no se conforma con reformas parciales sobre aspectos financieros sino que avanza hacia una Reforma Integral de las políticas que rigen la Educación Superior. En otro momento haremos un análisis detallado del articulado concreto de la propuesta de Reforma de la Educación Superior impulsada por el actual gobierno de Santos.
La actual ley 30.
La ley 30 de diciembre 28 de 1992 por la cual se organiza la educación superior, ha regido hasta la fecha a las universidades públicas de Colombia.
Casi siempre que se habla de la ley 30, se hace referencia fundamentalmente a los artículos 86 y 87 que tratan sobre la financiación de las universidades públicas. El artículo 86, caracteriza las fuentes de financiación de la Universidad pública, entre las cuales están los aportes del presupuesto nacional y el aporte de los entes territoriales, entre otros. Este artículo garantiza que el presupuesto de las universidades provenientes de dichas fuentes, se mantenga al menos en pesos constantes. Hasta ahora no se ha aplicado un ajuste mayor que el IPC, aunque la ley lo permite. Es decir que si el gobierno quisiera mejorar la situación económica de las Universidades, podría hacerlo con la ley 30 vigente. Por otro lado, por cuenta del artículo 87, también se recibe en la actualidad un 30% del incremento real del producto interno bruto.
Por muchos años la preocupación de las universidades, era impedir que se modificaran estos artículos de la ley 30, que hacían obligatorio un incremento al presupuesto, que no dependía de la voluntad del gobierno de turno, no del humillante lobby ante los congresistas. Sin embargo, el ajuste a pesos constantes se hace con base en el índice de precios al consumidor y no con base en el índice de precios de la canasta educativa de la educación superior, este último casi siempre mayor que el primero. Con el paso del tiempo, esta diferencia que en un principio era manejable, ahora después de 18 años, su efecto acumulativo hace sentir su impacto de manera superlativa, poniendo en riesgo la calidad del Sistema de Universidades Públicas por el gran déficit acumulado de las universidades, sobre todo porque las Universidades han sido presionadas para aumentar los cupos sin el apoyo adecuado por parte del Estado.
Aunque esta ley 30 en su versión actual, tiene la virtud de no condicionar el presupuesto a la politiquería que campa en el País, que atenta contra la autonomía universitaria, en varias ocasiones el gobierno ha intentado por diversas vías producir legislaciones que sujetan parte del presupuesto a políticas particulares del gobierno, en especial al incremento de cobertura entre otros indicadores. Afortunadamente estos intentos han sido fallidos, pues la corte, en su momento, los ha declarado inconstitucionales por violar precisamente la autonomía universitaria.
La angustia económica de Las Universidades, al ver paulatinamente deteriorado su presupuesto real, ha hecho que en su afán de captar recursos, participen en bolsas concursables asociadas al incremento de cobertura, (amparado en el artículo 87) pero que no siempre quedan formando parte de su presupuesto fiscal, generando en el mediano plazo problemas mayores que el que intentan resolver.
Esta decisiones de universidades como la nuestra, se comprende por la necesidad inminente de los recursos, sin embargo es reprobable por la ligereza de los análisis que las preceden y por la mirada cortoplacista de las mismas. En La Universidad del Valle, tenemos el ejemplo reciente de la aceptación de un incremento de cupos de cerca del 20% en las regionales, con una finalidad casi exclusivamente económica, el año pasado, con ausencia de estudios serios sobre el impacto financiero y de calidad, saltándose en los análisis a los cuerpos colegiados académicos, que conocen a fondo la Universidad y que podrían valorar los efectos potenciales de un gran incremento abrupto en los cupos, con criterios poco sustentados del costo por estudiante ha asociado a la complejidad de Las Universidades. En este caso CORPUV ha criticado, entre otros, la omisión de la pertinencia y la equidad en los criterios de admisión de los nuevos estudiantes. Esto es una muestra de la desesperación económica de Las Universidades por el desfase creciente de su situación presupuestal.
Conato de Reforma de la ley 30, en las postrimerías de Uribe.
El año pasado, en medio de una crisis presupuestal del anterior gobierno nacional, que pretendía raspar la olla al intentar vender los pocos activos públicos que le quedaban, para paliar con migajas, el gran hueco presupuestal generado por sus equivocadas políticas económicas y sociales, como la de exonerar de impuestos a las grandes empresas en aras de la “confianza inversionista”, pretendía el Ministerio de Educación Nacional, en los escasos meses que le quedaban al gobierno consolidar una reforma a la ley 30, que en este marco de crisis, apuntaba más a la racionalidad económica que al mejoramiento real del presupuesto de Las Universidades y su calidad.
Después de seis años en los cuales los legisladores dedicaron un buen porcentaje de su tiempo a materializar “la encrucijada del alma del señor Presidente”, se pretendía en unos pocos días, sin estudios serios, sin valoración de los impactos, sin la participación de las fuerzas vivas del país, y en medio de un ambiente electoral, que hacía que los legisladores que tomarían estas trascendentales decisiones, estuvieran más preocupados por el apoyo que puedan lograr para sus campañas de reelección, que en resolver con seriedad y sustento los problemas de la educación superior.
De este tipo de intentos de reformas aceleradas, tenemos experiencia recientemente en el gobierno de Uribe, con los decretos de la emergencia social que han generado caos en el sistema de salud, aumentando la inequidad y haciendo de la salud una mercancía, legislando para el beneficio de las empresas prestadoras de salud, en detrimento de la población más necesitada y con el único propósito de disminuir los costos de la salud para el gobierno, pues esta reforma se hizo al margen del modelo económico y político que impuso el gobierno, al flexibilizar las políticas de contratación, incrementando con esto la pobreza y el empleo informal que no hace factible el aporte de este gran segmento de la población al sistema de salud y seguridad social. Políticas de salud basadas en el falso supuesto de que el 70% de los trabajadores activos aportarían al sistema de salud y a la seguridad social, generaron un verdadero desastre cuando la realidad es que tan sólo el 35% de los trabajadores pertenecen al sector formal de la economía.
En dicho proyecto de reforma fallido, en los últimos coletazos del Gobierno de Uribe, el gobierno hablaba de un aumento de 500.000 hasta el 2019. Nunca explicó de donde saldrían los recursos.
Presentíamos que esta propuesta de reforma del Ministerio de Educación Nacional generaría una situación similar a la caótica situación que produjeron los decretos de emergencia social.
La ministra de educación dijo en aquella época que sin el consenso del SUE, conformado por los rectores del Sistema de Universidades Estatales, no adelantaría gestiones ante el Congreso. Este hecho puso gran responsabilidad sobre los hombros de los rectores de las Universidades Públicas y ellos deberían asumir la responsabilidad histórica de las consecuencias de esta ligera reforma, sin sólido sustento y realizada en un ambiente enrarecido por la política electoral.
Propuesta de Reforma a la Educación Superior del gobierno de Santos.
El pasado viernes 11 de marzo de 2011, se produjo el lanzamiento de la Reforma a la Educación Superior por parte de la Ministra de Educación.
La presentación de la Sra. Ministra fue vergonzosamente pobre, carente de marco, sin hacer alusión al Plan de Desarrollo del País, sin caracterizar el significado de calidad, ni de pertinencia, palabras estas muy de moda, pero vacías como la palabra “Desarrollo” cuyo significado depende de la boca que las pronuncie.
La presentación de la Ministra, sin ningún tapujo, sin adornos, dejo claro algo que sabíamos, pero que nadie en el gobierno se había atrevido a mencionar: La Educación es una mercancía como cualquier otra en el capitalismo. Las mercancías que se ofrecen son de diferentes calidades y el mercado determina su precio. En el proceso de transacción de esta mercancía, no hay razón para esa “tonta” restricción existente en la actualidad (al menos en el papel) que establece que la oferta de Educación Superior de carácter privado debe ser sin ánimo de lucro. No más de esto. La Educación que ofrezcan los particulares puede ser con ánimo de lucro. Se invita a los capitales nacionales y extranjeros a invertir en el “negocio” de la Educación Superior. Dijo la Ministra que el único requisito para que un particular ofrezca programas de Educación Superior es que tenga la capacidad. Todos a ofrecer. El único límite para los precios de la matrículas es que haya quien las pague y para ello es bienvenido el sector financiero nacional e Internacional para que traigan sus capitales y el Banco ICETEX, para que hagan préstamos a los estudiantes.
Explicó la Ministra, cómo el Capital privado también podrá hacer negocios con las Universidades Públicas y puso como ejemplo, que una Universidad Pública esté necesitando un laboratorio y no tiene recursos para adquirirlo, entonces el filantrópico inversionista privado compra el laboratorio para La Universidad y se cobra por su uso y luego se reparten las utilidades, eso sí, aclara la Ministra, sin violar su autonomía. Ahora todo esto se podrá hacer sin miedo, porque será explícitamente legal.
Los inversionistas de cualquier parte, pueden hacer asociaciones o fusiones con Universidades sin ánimo de lucro, hacer negocios, repartir las utilidades de tal manera que el socio privado haga lo que quiera con su parte y el socio sin ánimo de lucro lo reinvierta en su institución.
La Ministra aclara que habrá subsidios para los pobres y pasa de inmediato a explicar en qué consisten. No se cobrará el encaje bancario en el ICETEX a estudiantes tipo Sisben, es decir se les prestará plata actualizando su préstamo solo con el IPC y además se les empezará a cobrar solo cuando tengan un sueldo por encima de un cierto valor, que no precisó.
La Ministra nos da la gran noticia, no se tocará el actual artículo 86 y se mantendrá también la propuesta de modificación del artículo 87 de la fallida reforma de las postrimerías de Uribe.
Para hacerlo simple, el artículo 86 garantiza que se actualizará el presupuesto de las Universidades con base en el IPC ( en realidad dice “al menos”, pero siempre se ha aplicado el IPC) . Esto que parece una virtud, no lo es tanto, porque el índice de crecimiento del Sector Educativo, es mayor que el IPC, lo cual genera un déficit estructural, el cual se ha ido acumulando a tal punto que el SUE lo ha estimado en cerca del 10%.
La propuesta de Reforma del artículo 87, ofrece ir incrementando el presupuesto paulatinamente, según crezca el Producto Interno Bruto del Pais, pero dicho incremento no será gratuito, se hará a manera de bolsa concursable dependiendo de ciertos indicadores, entre los cuales está el que más gusta al gobierno: aumento de cupos.
Este incremento adicional en el presupuesto, que podría servir para nivelar el desajuste de la actualización en pesos constantes con base en el IPC, se ve ahora amarrado a varios criterios, entre los cuales está en primer lugar la generación y mantenimiento de nuevos cupos.
Un incremento que está ligado al cumplimiento de nuevas obligaciones, como recibir más estudiantes, no es un incremento, pues no proporcionan márgenes para cubrir los desajustes sistemáticos que se arrastran, ni para el desarrollo de infraestructura física o tecnológica que La Universidad requiera de acuerdo con su plan de desarrollo, en el ejercicio de su autonomía.
Es de anotar que los incrementos a los que hace referencia la propuesta desde el 2011 hasta el 2019, no se aplican individualmente a cada universidad, sino que están representados en bolsas concursables por las cuales entran en competencia todas las universidades.
Aunque da la apariencia, que la ampliación cobertura no es el único criterio, pues se menciona la cualificación del recurso humano y la promoción de la innovación y la investigación, es también cierto que el Ministerio se reserva el derecho de definir las ponderaciones para cada uno de estos criterios, pudiendo priorizar, como se espera, exageradamente la ampliación de cobertura sobre los otros.
El efecto acumulativo de la aplicación de estos incrementos desde el 2011 hasta el 2019, significa que al final de este período la proporción promedia del presupuesto de las universidades del SUE que estaría amarrado a los criterios que impone el ministerio, es un poco más del 25%. Claro está que como serían bolsas concursables, habría unas universidades con esta proporción mayor que otras.
Los valores que representan los recursos que aportará el gobierno según la presentación de la Ministra son aproximadamente: 400.000 millones para el financiamiento de la oferta (van directo al Sistema de Universidades Públicas), 700.000 millones para financiar la demanda.
Menciona la Ministra los aportes billonarios que recibirá el Banco ICETEX para que los estudiantes se financien sus propios estudios.
Recordemos la financiación a la demanda, significa que estos dineros estarán sujetos a la elección que hagan los estudiantes potenciales de las universidades de su predilección, pues parte importante del dinero que se ofrece, es decir, que no basta con ofrecer cupos, sino que Las Universidades deben pelearse por capturar los estudiantes.
Uniendo todo estos elementos con la caracterización neoliberal de la educación como mercancía, las carreras tendrán precios de matrícula diferenciales dependiendo de los costos que implican. Así por ejemplo estudiar medicina costaría diez veces más que estudiar Estadística. Por otro lado los Bancos solo prestan a quienes tengan capacidad de pago. No está el Sector Financiero para asumir riesgos, por lo tanto un criterio para definir el monto de un préstamo a un estudiant5e potencial será, como es apenas lógico, su capacidad de pago.
En este marco, podríamos pensar en un escenario en el cual un estudiante pobre entra al Banco ICETEX para solicitar un crédito para estudiar medicina, carrera a la cual ya fue preadmitido por su puntaje. Llena un formulario, suministra los datos que el gerente del Banco le pide y después de varios pantallazos de computador, el gerente le dice: “Jorge, te tengo dos noticias: una mala y una buena. La mala es que tu situación económica no te alcanza para estudiar medicina, porque las matrículas son muy caras para ti. Sin embargo, tengo una buena noticia: puedes estudiar tecnología en Estadística”.
En síntesis los pobres que tengan alguna capacidad de pago de un crédito millonario, estudian carreras baratas y las carreras caras son para los ricos o para los que potencialmente tengan más recursos para responder por los créditos que el ICETEX otorgara a un estudiante.
Vale también preguntarse si en la pelea por la captura de los estudiantes, por pura validez ecológica, ¿relajaremos los criterios de admisión, con el impacto correspondiente para la calidad?
¿Ofreceremos las carreras de moda que son demandadas por los aspirantes a estudiantes, sin tomar en cuenta la pertinencia para el desarrollo de las Regiones o del País?
¿Aumentaremos las tasas de retención de los estudiantes como consecuencia de un cambio de políticas definidas con base en lo económico y no como resultado de actuar sobre los factores objetivos de la deserción?
Puestos en este nivel de la educación como mercancía, y como necesidad de la sobrevivencia en el mercado ¿estableceremos como criterio de factibilidad para la creación o supresión de programas académicos su rentabilidad?
Por otro lado la propuesta habla de :
Armonizar el sistema de Educación Superior con tendencias regionales e internacionales. Actualizar principios y objetivos de la Educación Superior con las declaraciones y documentos de UNESCO, OCDE y otros. Fortalecer agendas bilaterales y regionales, internacionalizar el currículo y garantizar movilidad estudiantil y docente.
Armonizar el sistema significa estandarizar los currículos, globalizar, de tal manera que la Ingeniería Agrícola de la universidad del Tolima, no tenga sabor a arroz, que las necesidades locales no tengan peso significativo en los currículos. Con la estandarización, las carreras son productos homogéneos, tipo McDonald’s, el mismo en cualquier parte del mundo. Además de mano de obra profesional barata se puede ofrecer a destajo. Casi que se puede ver, la oferta de programas gringos y europeos, semipresenciales, con estancias de practica (tours) validados por el gobierno (movilidad) con el debilitamiento de la oferta de Educación Pública, que de importancia a las necesidades locales y que se guíen por principios de Equidad y Justicia Social.
Esta Estandarización y homogeneización de los currículos es una condición para que sea atractiva la inversión en el “negocio” de la Educación. De hecho en las justificaciones de casi todos los proyectos aparece casi como “cliché” la necesidad de prepararnos para un “mundo globalizado”.
Por otra parte la propuesta de reforma plantea:
Fortalecer la transparencia, eficiencia y buen gobierno del sector. Consolidar la rendición de cuentas a la sociedad. Precisar inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de los Consejos Superiores. Promover la definición y aplicación de un Código de Buen Gobierno. Profundizar la inspección y la vigilancia en función de la calidad.
Esto suena bonito y al leerlo casi que es imposible estar en desacuerdo, sin embargo el mensaje es claro, mayor injerencia del aparato de Gobierno en la Universidad, para garantizar entre otras que las Universidades se apeguen al concepto de “Calidad” que defina el Gobierno central, menguando su autonomía.
A manera de síntesis
Es claro que la reforma propuesta por el Ministerio, corresponde a un nuevo modelo de Educación Superior, que pretende eludir la responsabilidad del gobierno de financiar la Educación Superior Pública y deja este importante servicio público en manos de los particulares, declarando la educación pública como “mercancía”, que la compra quien puede como cualquier objeto del mercado capitalista. Pretende la consolidación del modelo neoliberal de privatización de la educación.
Es claro que este modelo viola el principio de autonomía universitaria, pues el camino para obtener nuevos recursos, es impuesto por el gobierno, sin tomar en cuenta el plan de desarrollo específico de la Universidad quiere desarrollar.
Es diáfana en esta propuesta de reforma, la intención del gobierno por imponer de manera paulatina privatización de la educación pública. Es una venta más: ISAGEN, ECOPETROL, EDUCACIÓN PUBLICA, etc.
Un cambio en la política social del gobierno de esta magnitud no puede tomarse a la ligera, ni con el hambre de recursos para resolver las necesidades de corto plazo, como en el pasado ha ocurrido con la posición de los rectores del SUE.
No debería sorprendernos, todas las reformas de este gobierno han sido para quitar las conquistas laborales de los trabajadores en beneficio de los empresarios, para entregar los recursos del estado a los ricos en detrimento de los pobres, para exonerar de impuestos a los que más poseen a costa de deteriorar privatizar el sistema de salud, para privatizar los servicios públicos más elementales. Ya se vendió la salud y ahora se pretende vender la educación.
Hoy la Educación Superior Pública representa el 55%, cuando se liberalice el mercado de la Educación superior, se estandaricen y homogenicen los programas, cuando entre el gran capital a hacer consorcios con las Universidades Públicas y las sin ánimo de lucro, cuando se vendan y se compren universidades como equipos de futbol, La Universidad Pública, no solo representará un pequeño porcentaje del “negocio de la Educación Superior”, sino que será una Universidad acosada por el hambre, carcomiéndose su propia autonomía, intentando sobrevivir compitiendo por la carroña y las migajas que deja el nuevo sistema y autosuprimiendo todo aquello que no le sea rentable.
A los rectores del SUE les corresponde ahora una responsabilidad histórica: Acompañar a la Comunidad Colombiana en La Defensa de la Universidad Pública. Nada de posiciones tibias. Llegó la hora de ser radical. No más lobby, no más reclamar migajas. Hoy es el momento de la dignidad.
!! Todos a una por la Defensa de la Universidad Pública ¡!
ES LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESORES, DE LOS ESTUDIANTES Y DE LA COMUNIDAD NACIONAL EN GENERAL, DE LOS RECTORES, A ACTUAR UNIDOS POR LA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, CON DENUNCIAS, CON MOVILIZACIONES Y MARCHAS, PARA EVITAR POR TODOS LOS MEDIOS QUE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO SE MATERIALICEN.
¡! ORGANICEMOS UN GRAN MOVIMIENTO NACIONAL ¡!
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