Por Alfonso Hernández
Pocos días después de que Juan Manuel Santos divulgara su proyectada reforma a la educación superior, los estudiantes protagonizaron, la semana pasada, indignadas protestas. Con bastante desparpajo, el mandatario dijo en Cartagena que estas “no tienen razón de ser”. Según eso, los centros de enseñanza superior están en condiciones ideales. ¡En qué país vivirá el presidente de la República! Para lo que no hay razón es para quedarse callados. No sólo el paquete de empeoramiento de la ley 30 desató la ira de los jóvenes, figuraron entre las causas las alzas de matrículas, los estatutos antidemocráticos, la instalación de cámaras para espiar las actividades universitarias y otras provocaciones del régimen, factores todos que hacen parte de la crisis a la que la política oficial ha conducido a la educación pública superior y que se van a agudizar si el gobierno sacara avante su designio privatizador: de manera que, contrario a lo que afirma el señor Santos, a los estudiantes sí los asisten motivos justos y poderosos para manifestar su inconformidad de manera inmediata.
Además señaló que “... no es cierto que vayamos a privatizar la educación superior”. Parece que la mendacidad es una de las “competencias” sobresalientes del gobernante, incluso cuando hechos de bulto lo ponen al descubierto. Cualquiera que haya leído el articulado sabe que el propósito no es otro que el de asfixiar las instituciones públicas, manteniéndoles congelados los aportes de la Nación; someterlas al yugo de la eficiencia y eficacia, es decir, que sean rentables o se liquiden, como ocurre con los hospitales; empujarlas a entrar en “sociedades” lucrativas comerciales, financieras o de fabricación. Forzarlas a continuar incrementando las matrículas, a vender servicios, suprimir todo rezago de bienestar estudiantil, hacinar a los educandos; que estos y sus familias sean presa del crédito usurario; que la autonomía, la libertad, el libre análisis y la controversia desaparezcan de los claustros, pues serán los capataces quienes transmitirán las órdenes de los gerentes de las multinacionales sobre qué es lo pertinente y cuáles son las competencias en las que se debe adiestrar la mano de obra, la cual no ha de ser crítica sino sumisa y productiva, con sentido de pertenencia al patrón.
Para imponer tan funestos propósitos, el gobierno instaura o apuntala una plétora de mecanismos y entidades coercitivas, como la acreditación obligatoria para las universidades, el sistema de aseguramiento de la calidad, la preponderancia que cobran Colciencias, el Icetex y el Icfes, en detrimento de las propias instituciones públicas de enseñanza superior. Los dinerillos que les ofrece del presupuesto son píldoras envenenadas, pues las obliga a someterse al control de la burocracia inepta y servil del Ministerio; los recursos estatales se convierten en ariete para derruir lo público y terminar de implantar a rajatabla la privatización; mientras que los magnates del negocio de la enseñanza recibirán exenciones tributarias y toda clase de subsidios.
La ministra María Fernanda Campo, imitando la desfachatez de su jefe, se mofó de la opinión: "El llamado que hago a estudiantes y a rectores es que aprovechen al máximo el espacio que ha abierto el Ministerio para la discusión. Que presenten sus contrapropuestas; lo que esperamos desde el Ministerio es nutrir lo que hemos presentado. Hay total apertura".
La gran apertura consiste en una paginita web, en la que cualquiera puede escribir lo que se le ocurra, pero a nadie se le prestará atención, y en unos eventos con las mismas características. ¡Qué irrespeto a los estamentos universitarios!, a los que nunca se consultó, por la sencilla razón de que semejante adefesio había que enjaretarlo a espaldas de quienes están de veras interesados en el buen suceso de la educación.
En un reconocimiento involuntario de que el proyecto es mezquino con las universidades públicas, sostuvo que: "La reforma busca contribuir en la solución del mismo [el problema de los recursos], pues hay que llevar a cabo tareas adicionales para mejorar la eficiencia dentro de las universidades. Además, estas tienen que hacer esfuerzos para generar otros ingresos por venta de servicios, consultorías y aquellos derivados de los proyectos de investigación". Es decir, que les exige eficiencia, más cupos con menos aportes, venta de servicios y consultorías, como ya se señaló arriba.
Santos y Campo han sido enfáticos en que no retirarán tal engendro, y el presidente agregó que dará órdenes a la Policía para que ocupe los claustros en los que haya protestas. La verdadera razón oficial en defensa de su proyecto es la fuerza. Cumplirán el mandado del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a toda costa, salvo que un muy amplio movimiento nacional universitario los obligue a abandonar la intentona y a discutir de verdad con los estamentos fundamentales de la enseñanza superior, estudiantes y profesores, una enmienda que garantice financiación suficiente, autonomía e impulso de una instrucción científica y favorable a la Nación, no a los magnates de Wall Street.
No queda alternativa distinta a llevar la polémica a las calles y plazas. Es urgente que cada estudiante y profesor conozca el propósito del articulado santista y que la comunidad universitaria entera entienda cabalmente la emboscada que le ha tendido el régimen neoliberal de Juan Manuel Santos a la enseñanza superior.
Los partidos de la Unidad Nacional, una vez hayan recibido las consabidas prebendas, aprobarán a pupitrazo el plan. Por ello, hay que organizarse sin pérdida de tiempo, hacer que la ciudadanía no se deje engañar por la propaganda oficial y se solidarice con la causa de los estudiantes, profesores y trabajadores. Un paro nacional indefinido de las universidades del país, con manifestaciones cotidianas, constituye el camino más seguro para impedir que se cometa este crimen contra la educación colombiana, y por supuesto contra el país entero, pero hay que prepararlo concienzudamente. Un movimiento masivo, oportuno y decidido hará morder el polvo de la derrota al arrogante inquilino de la Casa de Nariño.
Fuente: Notas Obreras.
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