No dejarse engañar por el maquillaje a la reforma oficial de la enseñanza superior y aprestar el paro indefinido

Por Alfonso Hernández

En el Foro sobre el Impacto de la Inversión Privada en la Educación Superior, la ministra María Fernanda Campo anunció algunos remiendos al plan oficial de reforma que ni siquiera alcanzan a disimular el vergonzoso mercantilismo. Con la maniobra pretende neutralizar a algunos sectores, disminuir la resistencia y hacer creer que tiene en cuenta las opiniones de la comunidad universitaria. Anunció que espera que “la concertación” termine en julio, para presentar el proyecto de ley al Congreso en el próximo semestre y reconoció que todo lo esencial del primer articulado se mantiene tal como estaba, lo cual hace patente la contumacia del régimen de Santos en sus designios privatizadores. 

Intenta la ex presidenta de la Cámara de Comercio ganar respaldo para las sociedades anónimas de educación superior ofreciéndoles un mendrugo a las instituciones estatales: “Se establecerá que un porcentaje de la renta gravable de la IES [Instituciones de Educación Superior] con ánimo de lucro sea destinado a un fondo de garantías para otorgamiento de crédito educativo, así como para el fortalecimiento de las IES públicas.” De tal manera que a éstas les tocará orar para que los pulpos engorden y de su opulento banquete les caigan algunos desperdicios. A un proyecto ya bastante mezquino, ahora se le añade la humillación.

En su afán por dar pábulo a las entidades codiciosas, repite la cantilena que se encuentra en la legislación de salud, cuyas consecuencias son harto conocidas: “Que estarán sujetas a la inspección y vigilancia, no solo del Ministerio de Educación Nacional, sino de la Superintendencia de Sociedades.” En otras palabras, que los alcahuetes se harán cargo de las verificaciones. Que “Para impedir la consolidación de posiciones dominantes, se prohíbe que una IES ánimo de lucro tengan (sic) matriculados un número de estudiantes que supere el 10% del total de las matrículas que ofrecen las IES del país.” ¿Quién no recuerda las disposiciones dizque para conjurar los oligopolios y la integración vertical de las EPS? Que “Este tipo de instituciones solamente podrán distribuir utilidades cuando haya recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad financiera.” Supuestamente, las mal llamadas empresas promotoras de salud tampoco pueden invertir los dineros del pago por capitación en actividades distintas a dicho objeto, lo que no ha sido obstáculo para que con las cotizaciones de los afiliados apuesten en la bolsa, compren fincas de recreo y campos de golf, entre otras andanzas.

Para endulzar el oído de los defensores del Estado Social de Derecho, “se amplía la definición de la educación superior, reconociéndole expresamente su condición de derecho y bien público basado en el mérito, capacidad y vocación; precisando que se trata de un servicio público, que debe ser ofrecido en condiciones de igualdad y respecto del cual, el Ministerio de Educación asume la obligación de velar por su calidad, propender por mayor ingreso y graduación, y mantener y divulgar la información del sector". Las mismas añagazas de la Carta neoliberal de 1991: declarar derechos y servicios de carácter público que solo pueden disfrutar quienes tengan dinero suficiente para pagarlos.

Afirma el Ministerio que los recursos públicos orientados a incentivar la calidad serán destinados exclusivamente a apoyar las instituciones de educación superior públicas y privadas sin ánimo de lucro. Persiste, pues, en patrocinar a las privadas y no excluye la oferta de créditos estatales subsidiados y exenciones de impuestos para las que confiesen que sólo las mueve la sed de lucro.

Entre las modificaciones anunciadas se incluye la ampliación del plazo, de cinco a ocho años, para que las IES llenen los requisitos que les permitan mantener la denominación de universidad. Igualmente, habla de un periodo de transición antes de requerir estudios de maestría para contratar nuevos profesores. El asunto estriba en que sin presupuesto suficiente estas exigencias son absurdas, constituyen una encerrona.

Como se puede ver, los ajustes publicitados ni siquiera alivian las características más nocivas de la reforma Santos-Campo, que se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Convierte la educación superior en un vulgar negocio, propiedad de sociedades anónimas, a las cuales estarán sometidas mediante contratos las IES públicas y privadas sin ánimo de lucro. Las matrículas se incrementarán drásticamente y proliferarán las universidades de garaje, menos costosas pero de pésima calidad. Quienes quieran adelantar estudios y no sean adinerados no tendrán más opción que hipotecarse por largos años.
2. Se mantiene la política de asfixiar las universidades públicas congelándoles los aportes de la Nación mientras se les obliga a incrementar los cupos, a contratar magísteres y doctores, a establecer sedes regionales, etc., etc. Se agudizará el desmedro de las condiciones laborales de los profesores y empleados, dada la precariedad de los ingresos de las instituciones.
3. Para lograr unos ínfimos recursos adicionales las IES públicas se ven forzadas a renunciar a la autonomía y a sujetarse al tutelaje gubernamental. A este último objeto, se monta un aparato de acreditación, control y vigilancia de tal manera que la burocracia tecnocrática del Ministerio, agente de las compañías transnacionales y de los organismos multilaterales, impondrá su voluntad a los claustros, con lo que los decanos, docentes y estudiantes perderán toda libertad de escoger temas de estudio e investigación y métodos de enseñanza.
4. Serán los gerentes de los grandes consorcios los que determinarán los contenidos técnicos y científicos de acuerdo con sus estrechos y afanosos fines utilitarios; lo meramente operativo primará sobre lo teórico; la innovación más elemental sobre la investigación básica; los apetitos de la superpotencia, con ropaje académico, sobre los anhelos y necesidades de la Nación. La enseñanza se dosificará de acuerdo con los intereses comerciales, y la ideología, los valores y la ética de sometimiento a los dictados extranjeros se difundirán en las aulas. La libertad de pensamiento, de cátedra y la crítica se considerarán mera ineficiencia, cosas impertinentes.

Ante tamaña arremetida, no hay empeño más grande ni tarea más urgente que dar al traste con esos propósitos. Por ello, hay que insistir en que la brega de la hora consiste en preparar sin descanso el paro nacional indefinido de las universidades colombianas, que ha de ser masivo, unificado, oportuno, consecuente y democrático. Algunas agrupaciones han sostenido que “no nos podemos dejar imponer los tiempos del gobierno”, con lo que parecen significar que poco importa que la reforma oficial haga curso en el Congreso y llegue a convertirse en ley, ya que, en su lógica, lo primordial consiste en perfeccionar con todo detalle nuestro propio proyecto de universidad y de país. Quienes discurren de esa forma parecen no entender que la contienda hoy no estriba en los pormenores sino en las líneas gruesas de la orientación que se traza a la enseñanza superior. Así, a pesar de las nobles miras, se nos conducirá al descalabro propio de los soñadores, gobernantes de ínsulas Baratarias, que legislan y disponen sin tener el poder, de quienes deliran que en las sociedades bajo la autoridad del imperialismo las reivindicaciones se alcanzan con el solo ingenio y la justicia de los razonamientos sin el auxilio de una lucha resuelta y eficaz. No hay que olvidar que si de algo jamás han carecido las demandas populares es precisamente de causas justas, de motivos sólidos. En lo referente a la universidad colombiana, la explicación concienzuda del articulado del proyecto oficial constituye per se fundamento para la protesta, ya que no es difícil entender los graves perjuicios que implica.

Esta labor de difusión, de debate, no constituye un ejercicio académico puro, necesita tener como objetivo inmediato lograr la participación masiva en la lucha y aunar las fuerzas muy poderosas que componen la comunidad universitaria, a la vez que ganar el respaldo de los más amplios sectores sociales. Pero todos estos esfuerzos también serían vanos si el paro no comienza con oportunidad ¿Se piensa acaso repetir los errores del año 2007, en el que hubo enormes marchas pero se salió a la batalla cuando ya había sido aprobado el Plan de Desarrollo, que obligaba a las universidades a cubrir parte del pasivo pensional con sus diezmados ingresos, o la experiencia del 2009, en la que miles y miles de estudiantes reclamaron con coraje mayores aportes de la Nación para la enseñanza pública superior pero lo hicieron sólo unos pocos días antes de que el Parlamento uribista, unas vez recibidas las coimas del Ejecutivo, votara el Presupuesto General de la Nación? No incurramos de nuevo en tales desaciertos; salgamos a tiempo a conmocionar el país con enormes marchas juveniles y de profesores; se impone impedir que el proyecto privatizador haga curso en el Congreso, no hagamos el papel risible del general que moviliza sus tropas cuando ya todo está perdido.

Otra lección que arrojó la pelea del 2007: que se requiere consecuencia y resolución, pues en aquel año, cuando el apoyo estaba en su apogeo y los educadores, padres de familia y estudiantes colmaban las plazas del país, la dirección de FECODE ordenó el repliegue la víspera de la fecha señalada para que el Congreso arrodillado y apátrida le diera el pupitrazo a la merma sustancial de los aportes nacionales para salud y educación, con lo que el ejecutivo de ese gremio facilitó el atropello de Uribe y defraudó a las masas.

Lo dicho sólo busca que se aprenda de la experiencia y no niega la necesidad de conjuntar esfuerzos con el magisterio de Colombia y el estudiantado de secundaria, pues la causa es la misma y ellos fueron los primeros burlados por la dirección de FECODE de entonces, que presentó su claudicación como una genialidad. Para contrarrestar esas blandenguerías es imperativo que las directrices tácticas se discutan ampliamente, que las bases tengan el derecho a opinar y a decidir sobre cosas tan fundamentales como cuándo dar comienzo al cese de actividades, debate que debe iniciarse sin pérdida de tiempo. Si el grueso de la comunidad universitaria comparte los objetivos y el plan de la pelea, ésta será más contundente. El paro nacional vigoroso no resultará de las deliberaciones a puerta cerrada de un pequeño grupo de líderes prepotentes, que en el fondo desprecian a las bases, e imparten órdenes inconsultas, sino que será fruto del respaldo entusiasta de miles y miles de jóvenes. La clave de la victoria no está en el secretismo, sino en la divulgación muy amplia; no en las ocurrencias de unos cuantos compañeros burocratizados sino en el acuerdo y la comprensión de las masas. El conciliábulo mengua el apoyo e incrementa el riesgo de que se truequen los fines de la lucha por unos distintos, electorales, por ejemplo. De ahí la importancia de que se apliquen métodos democráticos en el curso de estas contiendas por salvar la enseñanza pública superior.

De otra parte, es nuestra opinión que si el régimen, en su incesante maniobrar, optara por posponer la puesta a consideración del Congreso de su aviesa reforma —para octubre o noviembre, por ejemplo—, la comunidad universitaria no debe perder “estos momentos de efervescencia y calor” ni dejar escapar esta ocasión para lanzarse, en agosto o a más tardar a comienzos de septiembre, al paro nacional indefinido con el fin de hacer abortar la intentona santista; exigir que las transformaciones necesarias a la enseñanza sean el resultado de la discusión con los representantes legítimos de estudiantes, profesores y trabajadores; lograr la autonomía real, ejercida por los estamentos universitarios y no por sectores ajenos, y obtener presupuesto suficiente para la enseñanza pública superior, ya que no se puede olvidar que el Presupuesto General de la Nación para el 2012 se sanciona en el mes de octubre.

Esta gran batalla de la juventud estudiosa, plena de ímpetu y valor, inyectará bríos a la rebeldía represada de millones de colombianos, para que los campesinos sin tierra y los destechados desalambren los latifundios y los terrenos de engorde y se hagan a una parcela para cultivar o a un lote para construir una vivienda; para que los asalariados, bajo el agobio de la carga laboral incrementada y una paga menguante, se insubordinen contra tales desmanes; para que los desempleados se lancen a exigir ocupación retributiva; para que los hambrientos se levanten con ira a conquistar una vida digna y para que el país entero, exasperado por el saqueo imperialista, por los impuestos y tarifas sofocantes y por el robo descarado de los dineros públicos, que arrasa con la salud y todos los derechos, grite un enérgico ¡basta ya! a esta oligarquía rapaz que se refocila a costa del trabajo de toda una nación.

Contra la reforma universitaria de Santos: ¡Paro nacional indefinido de las universidades colombianas!
Por presupuesto suficiente para las universidades públicas: ¡Paro nacional indefinido de las universidades colombianas!
Por la autonomía universitaria: ¡Paro nacional indefinido de las universidades colombianas!
Por una educación nacional y científica al servicio del pueblo: ¡Paro nacional indefinido de las universidades colombianas!
Libremos una batalla unitaria, masiva, consecuente, oportuna y democrática.

Tomado de: Notas Obreras