La educación sigue siendo un bien público

Calidad, cobertura y financiación, preceptos claves para concebir la educación superior

Uno de los mayores logros que el anterior gobierno se endosa en materia de educación superior es el aumento de la cobertura: de acuerdo con cifras a 2010 del Ministerio de Educación Nacional, en el período 2002-2010 se pasó de 1’000.148 a 1’674.420 estudiantes, alcanzando así una tasa de cobertura equivalente al 37,1%.

Si se miran únicamente las cifras de las instituciones públicas, el panorama parecería aún más alentador, pues la matrícula pasó de 416.722 estudiantes en el 2002 a 927.295 en el 2010. Sin embargo, al hacer un análisis incluyendo criterios como la financiación, la contundencia del anunciado triunfo en esta materia resulta cuestionable.

De acuerdo con los datos del Ministerio, el número de estudiantes de las universidades públicas aumentó durante el período reseñado en 122% aproximadamente, mientras que los aportes del Estado a esas instituciones de educación superior (IES) entre el 2002 y el 2011 solo se incrementaron en 72%.

Es decir, el sistema público universitario, con un incremento presupuestal muy inferior, ha tenido que soportar la carga de un aumento drástico del número de estudiantes. La financiación de la educación en Colombia resulta problemática, pues si bien los índices en materia de cobertura son positivos, no ha habido un financiamiento que le permita al sistema soportar el crecimiento.

Contrastar estas cifras con procesos de aumento de cobertura en otros países resulta interesante: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestra que naciones como República Checa, México, Polonia y Eslovaquia registraron aumentos en cobertura superiores al 20% en el periodo 2000-2006, que, en todos los casos, estuvieron acompañados de un incremento en el gasto, al menos proporcional con el crecimiento en cobertura.

Esta situación parece agudizarse con la propuesta de reforma a la Ley 30 presentada por el Ministerio. Según Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, se propone el aumento de cupos en un 37%, con un incremento presupuestal de solo 15,8%. Eso, en sus palabras, implicaría que “(…) si estos recursos destinados a las universidades públicas se invirtieran exclusivamente en financiar nuevos cupos, ni un centavo para nada diferente, apenas lograrían, al costo actual, 25.000 estudiantes nuevos durante los cuatro años. Compárese eso con la meta de 605.000 nuevos cupos de pregrado y 40.000 de posgrado”.

Esta propuesta y las cifras brindadas por Wasserman contrastan con las recomendaciones de la Unesco, según las cuales es necesario alcanzar una destinación del 6% del PIB en educación, tal como consta en el informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos publicado por ese organismo en el 2010.

Colombia destina recursos equivalentes al 4,5% a este rubro (porcentaje que no incluye los recursos provenientes del sector privado), con un gasto en educación superior que corresponde al 1,92% del PIB, entre aportes públicos y privados.

Si bien la Unesco –en las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior realizada en julio de 2009– habla de vincular al sector privado en los esquemas de financiamiento de la educación superior, también reitera que la educación sigue siendo un bien público.

Es importante aclarar que los vínculos entre IES y sector privado son fundamentales para el desarrollo del país y se vienen dando hace ya bastantes años. No habría razón para creer que, a raíz de la reforma propuesta, se puedan generar cambios realmente sustanciales que impacten positivamente las finanzas de las instituciones por esta vía.

La financiación de las universidades guarda estrecha relación con la calidad en la formación ofrecida, y así fue expuesto en una entrevista realizada por la revista ‘Credencial’ a rectores de diferentes universidades públicas y privadas. Para estructurar un sistema de educación superior orientado a la calidad, resulta necesario hacer inversiones para fortalecer la investigación, adecuar la infraestructura física y tecnológica, capacitar docentes y articularse con instituciones internacionales, entre muchas otras acciones. Es decir, debe haber una política de financiación que propenda al crecimiento cuantitativo y cualitativo de la educación, no por su supervivencia.

Frente a la calidad, debe también ser objeto de análisis la relación entre las universidades y la educación media, ya que las universidades –públicas y privadas– entran en costosos procesos de adaptación de los estudiantes provenientes de estos niveles, cuyas deficiencias, por ejemplo, en temas como lectoescritura o matemáticas impactan fuertemente las cifras de deserción estudiantil y obligan a las universidades a realizar grandes inversiones para asegurar unos mínimos de calidad en la formación de los jóvenes. Lo anterior incide, además, en los tiempos de formación de los estudiantes.

La calidad, la cobertura y la financiación de la educación superior tienen que ser pensadas como preceptos para una propuesta de reforma, pero no cualquier reforma.

Esta tiene que ser concebida dentro de parámetros internacionales (como los Unesco), mirando detenidamente diversas experiencias internacionales y atendiendo a la realidad de un sistema de educación media que no proporciona una formación adecuada para quienes ingresan a la universidad, y que evidencia la ausencia de articulación entre los diferentes niveles educativos en el país.

Andrés Mariño Arévalo
Profesor
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia


Fuente: http://www.portafolio.co/opinion/la-educacion-sigue-siendo-un-bien-publico