Por: Francisco Piedrahita Plata, Rector, Universidad Icesi.
El cambio más visible que ha introducido el Gobierno Nacional en el anteproyecto de Ley de reforma de la Educación Superior y el que más discusión ha generado es, sin duda, el que aparece en el artículo 32: artículo 38 “Las Instituciones de Educación Superior privadas pueden ser personas jurídicas organizadas… como sociedades anónimas con propósito especial para la prestación del servicio público de Educación Superior”. Esas sociedades anónimas tendrían, obviamente, ánimo de lucro.
Aquí se mostrará que la experiencia de otros países lleva a concluir que esas sociedades anónimas no cumplirían el propósito que busca el Gobierno al establecerlas.
Para justificar la propuesta del Gobierno se han presentado dos argumentos. Uno, oficial: atraer inversión privada para aumentar el acceso, la permanencia y la graduación con calidad, en el sistema de Educación Superior, para millones de jóvenes que hoy no acceden a él. El otro es no oficial: “Sincerémonos. Ya hay muchas Instituciones de Educación Superior (IES) con ánimo de lucro. Pongámoslas, al menos, a pagar impuestos”.
Este último argumento ha sido traído a cuento por muchos comentaristas. No les falta cierta razón. El clima de legalidad mejoraría si se eliminaran muchas normas en este país de leyes incumplidas. Pero aceptar sin más ese argumento sería simplemente aceptar la trampa y reconocer la incapacidad del Estado para realizar su tarea de inspección y vigilancia. Por otra parte, a las instituciones tramposas de hoy no les interesaría cambiar de régimen porque no están interesadas en pagar impuestos.
La motivación que presenta el Gobierno para atraer inversión privada con ánimo de lucro parte del reconocimiento de un hecho: entre el 2000 y el 2010, el número de bachilleres que no ingresaron a la educación superior, o que ingresaron pero en algún momento desertaron de ella, fue de más de tres millones de jóvenes. Y supone que para subsanar esa situación “tenemos que ser capaces de generar una mayor oferta de instituciones y programas de educación superior de calidad que garanticen el acceso a los jóvenes de bajos recursos”. La intención gubernamental es pasar de una cobertura bruta actual de 37%, en el Sistema de Educación Superior, al 50% en 2014. La meta es muy loable; pero tal vez demasiado ambiciosa y difícil de cumplir en cualquier caso.
El Gobierno reconoce la incapacidad del Estado para generar esa oferta adicional desde instituciones oficiales. Y supone, implícitamente, que las actuales instituciones privadas están copadas y que ellas, y las nuevas que podrían crearse dentro de la normatividad vigente, serían incapaces de satisfacer la supuesta demanda; y parece suponer también que los jóvenes que no han accedido hasta hoy al Sistema de Educación Superior no tienen limitaciones ni económicas ni académicas para tal acceso; que el problema es de falta de cupos.
Aquí no se discutirán los supuestos del párrafo anterior, cuya debilidad es manifiesta. Este escrito se ha de centrar, en cambio, en desvirtuar el argumento oficial de que la inversión privada con ánimo de lucro, que se pretende, aumentará la permanencia y la graduación con calidad del sistema de Educación Superior para millones de jóvenes que hoy no acceden a él. Probablemente se ampliaría el acceso; pero los datos que provienen de otros países no aportan evidencias de que con las Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro (en adelante IESAL) aumentan “la permanencia y la graduación con calidad”. Las experiencias de Estados Unidos, México y Brasil dicen que esas IESAL ofrecen, en general, programas de mala calidad; y que, al menos en el caso de programas de cuatro años en los Estados Unidos, donde se conoce información más detallada, la deserción de los estudiantes de los programas de las IESAL es más del doble de la de aquellos matriculados en IES sin ánimo de lucro.
El caso de mayor interés para Colombia, el que tiene una historia más larga de IESAL y sobre el que más documentación se encuentra es el de los Estados Unidos. En Estados Unidos están basadas las dos empresas multinacionales con mayor interés en invertir en IES colombianas: Laureate Education, Inc. y Whitney University System. La primera, que inició funcionamiento en 1998, opera 67 Instituciones en 27 países; más de 30 Instituciones en 8 países de Latino América; y presenta como su Canciller Emérito al ex presidente Bill Clinton. La segunda, más reciente y que anuncia adquirir el 80% de las acciones de cada institución de su red, cuenta con sólo seis instituciones, todas en América Latina; una de ellas, curiosamente, el Politécnico Grancolombiano, de Colombia; tiene en su Consejo Asesor a Jeb Bush, hijo y hermano de ex presidentes estadounidenses. Ninguna de las dos empresas ha creado jamás una Institución de Educación Superior; todas las que tienen son compradas.
El caso de Estados Unidos es también interesante porque presenta una historia de escándalos alrededor de esta “industria”: a principios de los noventa, a mediados de la década pasada y, el más reciente, a partir de agosto de 2010. Cabe anotar que las empresas mencionadas en el párrafo anterior no han sido vinculadas a ninguno de esos escándalos.
La más grande y tal vez la más antigua de las IESAL norteamericanas es la Universidad de Phoenix, fundada en la década de los ochenta. Tiene cerca de medio millón de estudiantes, la mayoría de ellos en programas de educación virtual. Un ex directivo de Apollo, Inc, la casa matriz de la Universidad de Phoenix, no tiene ningún inconveniente en afirmar, en el programa College, Inc., de PBS, la cadena pública de televisión de ese país, que esa empresa invierte en el mercadeo y ventas el 25% de su ingreso, para atraer estudiantes, mientras sólo dedica entre el 10 y el 20% de ese ingreso en el pago a profesores. Compara esas “ventas” con las de perfume. Al escuchar a ese directivo, se puede concluir que ellos están en el negocio de vender ilusiones.
Según informe del Departamento de Educación de EEUU, la tasa de graduación promedio, después de seis años de haber iniciado un programa que debería tomar sólo cuatro, es de 25% para los estudiantes de las IESAL. Esa tasa de graduación promedio es del 55% para los estudiantes de las universidades estatales y del 64% en el caso de las universidades privadas sin ánimo de lucro. La comparación de estos datos no es por cierto favorable para las IESAL. Si se supone que un estudiante que no se ha graduado en un periodo equivalente al 150% del tiempo programado ha desertado, la tasa de deserción para las IESAL estadounidenses sería, en promedio, de 75%, una cifra que sólo se ve en los peores casos de instituciones colombianas. El dato habla muy mal de la permanencia de los estudiantes en los programas de las IESAL.
Las IESAL de los Estados Unidos atienden, principalmente, estratos socioeconómicos bajos. Y “los críticos acusan a las IESAL de producir en profusión diplomas sin valor que dejan a los estudiantes con una montaña de deuda”. Aunque las IESAL tienen solo el 10% de la matrícula de la educación terciaria, sus estudiantes reciben casi la cuarta parte de la ayuda financiera del Gobierno Federal; tanto en crédito como en Becas Pell, estas últimas de aproximadamente US$5.000 por año. Sin embargo, cifras del Departamento de Educación para 2009 muestran que el 44% (casi el doble de la proporción anterior) de los estudiantes que dejaron de pagar dentro de los tres primeros años después de graduación eran de las IESAL. El informe no dice qué pasó con la deuda del 75% de estudiantes que no se graduaron. Esa cifra obliga a ser muy pesimistas con respecto a la empleabilidad y capacidad de pago de los egresados de las IESAL estadounidenses.
Y todo lo anterior, mientras las empresas dedicadas a ese negocio generan flujos de caja y utilidades mucho más altas que el promedio de las empresas que participan en el mercado de valores norteamericano. Como dice Steven Salzberg, profesor de la Universidad de Maryland : “las IESAL+… han obtenido sus utilidades a costillas del generoso programa de crédito estudiantil del Gobierno Federal”.
En Agosto 5 de 2010, el Washington Post, uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos, informó: “Funcionarios del Congreso identificaron ayer, miércoles, a 15 universidades con ánimo de lucro en las que algunos reclutadores (en ciertos casos llamados eufemísticamente consejeros) animaron a investigadores encubiertos que posaban como candidatos a estudio para que cometieran fraude en las solicitudes de ayuda financiera o les dieron información engañosa en temas tales como costos de matrícula y salarios potenciales después de graduación”. Entre las denunciadas estaban Phoenix, Kaplan y Corinthian, las líderes de la industria.
Hay que decir que The Washington Post Co., la empresa dueña del periódico, es también dueña de Kaplan, una empresa dedicada a la educación superior con ánimo de lucro con mucho éxito financiero, suficiente para cubrir con creces el déficit operacional creciente del periódico; y que, como ya se dijo, Kaplan era una de las 15 empresas denunciadas en el Congreso norteamericano. Ese escándalo ha tenido una serie de consecuencias para Kaplan y para las otras empresas involucradas y sus efectos no se detienen todavía. En Abril 9 de este año, el Washington Post publicó un largo artículo, titulado “Las dificultades de Kaplan y la educación de Washington Post Co.”, en el que narra la historia de 11 años, desde que Kaplan, que ya desde 1984 pertenecía al Post, adquirió a Quest Education, una cadena de escuelas vocacionales con ánimo de lucro y la convirtió en una multinacional con cerca de 100.000 estudiantes y con ingresos de miles de millones de dólares. El artículo pretende mostrar con transparencia las tensiones a las que está sometida la empresa matriz.
Cualquier lector colombiano desprevenido puede hacerse esta reflexión: esto pasa en los Estados Unidos, donde tienen el mejor sistema universitario del mundo, una democracia madura y gran capacidad institucional del Estado; y pasa nada menos que con una empresa del Washington Post, el mismo diario que años atrás tuvo el valor moral de enfrentarse al Presidente de la nación, Richard Nixon, arriesgándolo todo, hasta hacerlo renunciar por tramposo, porque consideraba que ese era su deber como medio de comunicación ¿Qué podría pasar en nuestro país, con la debilidad institucional que nos caracteriza y con empresarios que, en principio, no tienen esa tradición?
El impacto de las IESAL en México y Brasil está mucho menos documentado, pero la información disponible permite ver que en ningún caso las IESAL han sido la solución a la permanencia y, sobre todo, a la graduación con calidad de millones de jóvenes que el Gobierno colombiano pretende lograr con la autorización para su establecimiento en nuestro país.
En México, la cobertura total sólo llegó, en 2010, a un modesto 28%. Las IES oficiales manejan todavía alrededor de dos millones de estudiantes, o cerca de 67% del total. Sin embargo, según narra un estudio de caso de Wharton, la prestigiosa escuela de Administración de la Universidad de Pennsylvania, la mayor parte de los universitarios de primera generación (aquellos cuyos padres no fueron a la Universidad) tienen dos opciones: o no ir a la Universidad; o buscar admisión en una universidad de “absorción de demanda”. En respuesta a esta situación se han abierto IESAL por todo el país. El crecimiento de las IESAL en México ha sido altamente rentable para sus accionistas. Los gerentes de estas universidades, según la misma fuente, mencionan márgenes de utilidad operacional antes de depreciaciones y amortizaciones (EBITDA para los financistas) entre 25 y 50%, y tasas internas de retorno de hasta 30%.
No existen estadísticas que permitan analizar la calidad de las IESAL mexicanas; en particular, con respecto a niveles salariales y competencias adquiridas. Evidencia anecdótica parece indicar un enlace directo entre calidad percibida y costo real del programa: entre menos se paga, menos se obtiene (11).
En su estudio sobre la evolución de la Educación Superior del Brasil entre 1995 y 2007, Dias Sobrinho y De Brito (12), dicen que la más evidente característica de ese período es la expansión libre y de dudosa calidad del sector privado con ánimo de lucro. Allá también las IESAL se han regado como pólvora. El sistema de educación superior en Brasil se compone de 257 instituciones públicas y 2.141 privadas. Entre las privadas, alrededor de 80% tienen ánimo de lucro; las otras 20% son “comunitarias” o confesionales, sin fines de lucro, que buscan cumplir los cometidos públicos de la Educación Superior y están sufriendo ahora graves dificultades financieras. Un 92% del total de instituciones son pequeñas instituciones que se dedican solamente a la enseñanza y están orientadas a proveer a sus alumnos de una rápida titulación, casi siempre en programas nocturnos.
La revisión de los casos de Estados Unidos, México y Brasil permite concluir que sería muy ingenuo esperar que en Colombia las IESAL cumplieran el propósito del Gobierno al legalizarlas: el acceso de los más pobres aumentaría considerablemente si se otorgaran grandes facilidades de crédito; pero su permanencia y graduación no. Además, la calidad de las IESAL es casi siempre muy mala. Eso se explica fácilmente si se entiende el modelo financiero bajo el que opera la Educación Superior. La institución que está interesada en la calidad invierte todo lo que puede en profesorado de planta, en formación avanzada de ese profesorado, en infraestructura, en investigación, en bienestar universitario, etc. La que está interesada en producir utilidades trabaja con mínima infraestructura, con un número muy bajo de profesores de planta, con docentes de cátedra con poca formación y de bajo costo, etc. Ambas ofrecen los mismos títulos. La primera educa; la segunda vende ilusiones.
Siempre se ha hablado en Colombia de “Universidades Piratas”. Mediante la reforma, el Gobierno haría, con ellas y con las venideras, lo que hacía la Corona Británica con sus Piratas: les daba “patente de corso”, los hacía corsarios, legítimos y socios; y a veces les daba hasta título nobiliario.
Fuente: UNICESI
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