Por Alfonso Hernández
Entre las muchas falsedades a las que ha acudido la ministra para defender su articulado de reforma a la Ley 30 destaca aquella en la que afirma que los cambios propuestos por el gobierno no menoscaban la autonomía universitaria. Sostuvo que las alianzas de las instituciones de educación superior públicas con firmas privadas no implican una interferencia de éstas en la institución educativa; pues, según aseveró: el empresario no va a estar en el Consejo Superior, ni a influir en las matrículas, ni en los programas que se ofrecen, eso no lo plantea ni lo permite el proyecto. La mentira es patente, ya que la “propuesta” oficial mantiene la disposición de la Ley 30 de 1992 que estableció que “el sector productivo” tiene asiento tanto en los consejos superiores de cada institución como en el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU.
Pero el asunto va mucho más allá. Quienquiera que lea el Plan Nacional de Desarrollo encuentra que la directriz consiste en adecuar, someter la enseñanza a los requerimientos del gran capital; se trata no de un entremetimiento ocasional o circunscrito a uno u otro programa productivo o docente, sino de entregar, de una vez por todas, el mando de la educación superior a los acaudalados. En la página 103 de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en el acápite la Consolidación de la Estrategia de Gestión del Recurso Humano en Colombia (EGERH), bajo el subtítulo de Consolidación del enfoque por competencias para fomentar la articulación entre la oferta de formación y el sector productivo, dice: “Fomento de la pertinencia de la formación de capital humano bajo el enfoque de competencias, teniendo en cuenta las necesidades del sector productivo. El MEN implementará una estrategia de incentivos en el sector de formación para realizar transformaciones en su oferta, ajustándola adecuadamente a los requerimientos de todos los agentes demandantes; mediante estímulos a través de los créditos del ICETEX, los recursos proporcionados a las universidades públicas e institutos de formación técnica y/o tecnológica públicos, los recursos otorgados en los programas de fomento a la formación de educación técnica y tecnológica, y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, los mecanismos de aseguramiento de la calidad y los convenios de ampliación de cobertura del SENA.”[El destacado en negrilla es nuestro].
Queda claro que los agentes demandantes, es decir, los grandes empresarios y los terratenientes, determinarán, en materia de enseñanza, qué es pertinente y qué no lo es; cuáles son las competencias que deben adquirir los educandos. En ese párrafo, el Gobierno declara sin tapujos que la misión del Ministerio consistirá en presionar a las instituciones de enseñanza, por medio de “los créditos del Icetex”, y, principalmente, mediante “los recursos proporcionados a las universidades públicas e institutos de formación técnica” para que sometan los programas y metodologías a las imposiciones de los magnates. La autonomía universitaria, la libertad de enseñanza y de aprendizaje que se mencionan, con tanta frecuencia y con tan precaria utilidad, en el malhadado proyecto desaparecen, pues sólo Don Dinero decidirá en materia educativa. Los llamados recursos adicionales, aquellos en los cuales los aportes de la Nación sobrepasan en algunos puntos el IPC, tendrán esta condición principal. Otro tanto ocurre con los “convenios plurianuales de desempeño”, a los que se refiere el artículo 107.
Aparte del uso de los dineros del presupuesto nacional como instrumento de coacción, el Gobierno monta un andamiaje para ejercer dominio antidemocrático sobre el sistema universitario. El Ministerio de Educación controla el Sistema de Calidad de la Educación Superior (Título V, cap. I), que abarca el registro calificado para los programas académicos (art. 73) y la evaluación; autoriza o niega la prestación del servicio; define las competencias genéricas y específicas que se prueban en los exámenes; traza, con asesoría del CESU, en el que también prepondera, los criterios y lineamientos de acreditación (art. 75), proceso para el cual puede contratar Órganos Evaluadores de Educación Superior —privatiza así el proceso que conduce a acreditar una institución (art. 77). Establece un régimen de sanciones, inspecciona y vigila, y, con la turbia intención de entregar la enseñanza a los buitres del agio, pontifica y se declara dueño de la transparencia y el buen gobierno.
No se piense que estas líneas han sido escritas con el propósito de oponerse a que haya un control sobre la calidad de la enseñanza que se imparte en los distintos centros; muy por el contrario, comprendemos que es un anhelo y una necesidad de los estudiantes y, en general, del país establecer unos estándares rigurosos para garantizar los más altos niveles de conocimiento y alcanzar una enseñanza verdaderamente científica en beneficio de la Nación y del pueblo. Justamente el dominio extranjero, la mercantilización, la alcahuetería oficial y los intereses retardatarios al mando son los que obstaculizan el alcance de estas metas primordiales.
Con harta razón el presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, y rector de la Universidad Tadeo Lozano, José Fernando Isaza, afirma que este tipo de reglas se prestan para que las ambiciones del gobierno de turno determinen que se dilate la entrega de un registro calificado o se sancione a alguna universidad si uno de los directivos se sale de la línea de conducta oficial o que, por el contrario, se aceleren los trámites, para premiar apoyos incondicionales. Es exactamente el garrote que blande el proyecto. Agrega el señor Isaza que los rectores de la ASCUN han planteado “que el control y la calidad de la educación universitaria la realice la comunidad académica dirigida por una Asamblea Nacional de Rectores”.
El punto es esencial: la autonomía universitaria posibilita que los propósitos del saber y del progreso primen sobre los afanes de lucro y sojuzgación de los monopolios y la venalidad y obsecuencia de los mandatarios y sus ministros.
Designio ingente que sólo se alcanzará si toda la comunidad universitaria se pone en pie, echa abajo el proyecto oficial, levanta con firmeza las banderas de obtener financiación estatal suficiente para la educación pública superior y respeto a la autonomía, ejercida por consejos universitarios con representación mayoritaria y decisoria de estudiantes y profesores.
En este momento crítico se pone a prueba la capacidad y consecuencia de los dirigentes. Quienes se anden con tácticas dilatorias o supediten la batalla por salvar la universidad pública a ambiciones subalternas, políticas o personales, colaboran, de hecho, con el atentado santista.
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