Desde hace más de 20 años cuando el entonces presidente César Gaviria Trujillo (1990-94) abrió de par en par las puertas de Colombia para imponer el criminal modelo neoliberal, buena parte de sus nefastas políticas que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, han sido impuestas por las instituciones multilaterales de crédito (léase Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), los intereses corporativistas de las poderosas transnacionales o por el gran capital financiero especulativo internacional.
Los gobiernos colombianos de las últimas dos décadas se han caracterizado por ser obsecuentes y aplicados en la puesta en marcha de las recetas del Consenso de Washington. Mandatarios de la catadura de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón se han distinguido en América Latina por promover y aplicar al pie de la letra las malhadadas medidas que impone el neoliberalismo y han profundizado el modelo.
Por eso no hay que sorprenderse que el gobierno de Santos esté impulsando con vehemencia una reforma universitaria para imponer a cómo dé lugar que las instituciones públicas de educación superior trabajen con ánimo de lucro.
Según el torcido argumento de la ministra de Educación, María Fernando Campo, quien viene de representar el sector mercachifle de Bogotá, el ánimo de lucro posibilitará a la educación pública colombiana ampliar la cobertura.
Para el gobierno neoliberal de Santos, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento en la educación universitaria requiere de una adecuada financiación mediante el aporte de la inversión privada, por cuanto que, según su criterio, el Estado colombiano no está en capacidad de hacerlo, pues debe preocuparse por sostener la guerra interna, para lo cual el Estado invierte la escandalosa cifra del 6% de su Producto Interno Bruto (PIB).
En su afán por favorecer los intereses del gran capital, el gobierno pretende adoptar en la reforma universitaria figuras como las instituciones con ánimo de lucro, las sociedades por acciones y los contratos de asociación con el propósito de distribuir dividendos, al tiempo que prevé mecanismos para proteger los intereses de los inversionistas como la insolvencia empresarial.
De esta manera, en Colombia como ha ocurrido con el derecho a la salud, la educación es considerada como una mercancía transable. Es criterio de la elite gobernante de este país que solo tenga acceso a la universidad quien pueda pagársela. Por eso es que el aporte de la nación a las universidades públicas se ha mantenido congelado desde la década de los años 90 en 0.4% del PIB con tendencia a decrecer en los próximos años.
La propuesta neoliberal infame, por decir lo menos, del gobierno de Santos de convertir a la educación en un negocio para los grandes capitalistas, no es más que una vil copia del Plan Bolonia que fue impulsado en la Unión Europea en 1998 y que constituye la antítesis del saber.
En efecto, dicho Plan tiene como antecedente el informe elaborado por la Mesa Redonda de los Empresarios Europeos que agrupa a representantes de transnacionales como British Telecom, Siemens, Nestlé, L`oreal, Renault, entre muchas otras, y cuya visión es adaptar la educación superior a los intereses de la empresa privada, satisfaciendo las demandas del mercado.
En su interesante libro El dominio mediático (2010), la sicóloga clínica mexicana y maestra en literatura Blanca Montoya, se detiene a explicar los alcances de este Plan Bolonia de corte neoliberal al señalar que su objetivo es el de desmantelar la universidad pública para privatizarla y mercantilizarla:
“Dentro de la lógica de reducir los presupuestos dedicados a la educación porque el capitalismo ha adelgazado a los Estados, se plantea que la educación sea financiada por las cuotas que los alumnos tendrán que pagar y la ‘inversión’ de las empresas privadas, con lo cual la educación deja de ser un derecho para convertirse en un negocio y deja de ser libre para sujetarse a la visión empresarial. Esta inversión de las empresas se da por dos vías: a) se adueña de espacios universitarios simplemente porque ellas son quienes los pagan, y, b) se adueñan de los estudiantes mediante becas-préstamo, las cuales son pagadas por el alumno una vez que termina su carrera convirtiéndose en su esclavo por veinte años o más”.
Las argumentaciones de sus promotores –añade Blanca Montoya- tienen la visión empresarial capitalista:
Se reduce el porcentaje de financiación pública pues se pretende que sean las propias universidades y no el Estado las que se encarguen cada vez más de su propia financiación.
Se produce una homogenización y reducción del número de titulaciones actualmente existentes, así como las maestrías y un encarecimiento del crédito de matrícula (subida de cuotas). Los grados serán más generales, mientras que las maestrías serán más específicas y están enfocadas al mercado.
Se pondera el título universitario por su relevancia dentro del mercado laboral.
Se pretende ir más allá de las necesidades del mercado de trabajo y estimular una mentalidad “emprendedora”.
La universidad se vuelve productora de trabajadores al servicio del mercado. Ya no se trata de desarrollar y transmitir conocimientos de aplicación social sino para incrementar el negocio de los capitalistas.
De esta manera, el gobierno de Santos profundiza las desigualdades en Colombia. La educación que debe ser un factor de equidad y de acceso a las oportunidades no tendrá connotación de derecho ciudadano sino simplemente un rentable negocio para unos pocos. Pero además, se fomenta la discriminación social habida cuenta que solo podrán gozar de educación de calidad los sectores más pudientes porque las grandes mayorías no podrán pagarla.
Así las cosas, lo cierto es que esta reforma universitaria que impulsa el gobierno en Colombia no tiene otro fin que adecuar este sector del conocimiento a los leoninos tratados de libre comercio con Estados Unidos y Colombia y entregárselo a los pulpos financieros. Algo muy similar a lo que ocurre en Chile, donde las fuerzas pinochestistas encabezadas por el presidente Sebastian Piñera han privilegiado que las transnacionales de la educación se queden con las universidades.
La gestión de Santos en materia educativa tiene la impronta de la oligarquía colombiana y de los sectores más retardatarios en el sentido de privilegiar la educación para unos pocos “elegidos” con el fin único de mantener su supremacía y, de esta forma, poder controlar y subyugar a las grandes mayorías del pueblo, a las que buscan por todos los medios someter a la ignorancia.
Al fin y al cabo, el establecimiento colombiano y su actual representante en el poder político, Juan Manuel Santos, saben que el acceso al conocimiento posibilita a los pueblos su emancipación. Su propósito, en consecuencia, es el de detener el progreso y avance de la población para seguir detentando su hegemonía decadente, corrupta y criminal.
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