martes, 16 de agosto de 2011

La reforma de Santos agravará la crisis presupuestal de las universidades públicas


 Frente a la crisis presupuestal que acogota a las universidades públicas, lo que ofrece la reforma propuesta por Santos y María Fernanda Campo, antes que darles una solución, las postrará aún más y las forzará a acudir a las diversas modalidades de privatización que crea la misma reforma. Colombia debe mirar hacia Chile y aprender, tanto de la experiencia vivida con las universidades con ánimo de lucro, como de la lucha valerosa que adelanta desde hace varios meses la juventud universitaria del hermano país suramericano.

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto de reforma de la enseñanza superior que el gobierno de Santos presentará al Congreso en los próximos días consiste en agudizar la asfixia presupuestal de las instituciones del Estado, paso indispensable para abrirles campo a las entidades con ánimo de lucro. La ministra María Fernanda Campo pretende engañar al país cuando afirma que a las universidades públicas les llegarán más recursos que nunca antes. Veamos: de acuerdo con la Asociación Colombiana de Universidades y los vicerrectores del Sistema Universitario Estatal, SUE, el desfinanciamiento actual de las 32 universidades públicas supera los 660 mil millones de pesos. En otras palabras, ese es el monto que les adeuda la Nación.

El artículo 150 del proyecto de Ley estipula que “a partir de 2012 y hasta 2014 la Nación asignará recursos adicionales al Ministerio de Educación Nacional equivalentes a tres puntos reales respecto a los aportes de la Nación a las Instituciones de Educación Superior estatales en el año inmediatamente anterior.” El artículo 151 mantiene el mismo incremento desde 2015 hasta 2022, con una variación ligera en los criterios de distribución.

Si tomamos los 2,2 billones de pesos que son el actual aporte de la Nación, tenemos que en 9 años, es decir, en el 2020, el monto acumulado de ese 3% anual llegará a los 670 mil millones de pesos: apenas se cubriría el desfinanciamiento actual si las universidades no aumentaran sus gastos ni invirtieran un solo peso en casi una década. Y de aquí al año 2022 les habrá aportado 845 mil millones adicionales a los 2,2 billones actuales, escasos 185 mil millones sobre la deuda actual.

El asunto estriba en que: “Estos recursos estarán destinados a financiar:

a. La generación de nuevos cupos teniendo en cuenta… programas de regionalización, la presencia en zonas de frontera, y la atención a población vulnerable. 
b. El reconocimiento de la productividad académica de los docentes, teniendo en cuenta las distintas formas de protección de la propiedad intelectual. 
c. La formación del recurso docente. 
d. La promoción de la investigación y la innovación.”


Queda muy claro que el déficit en vez de reducirse se agigantará y que las universidades se verán precisadas a acudir cada vez más a las alzas de matrículas, a vender servicios y a los contratos con empresas privadas o a convertirse en instituciones mixtas, es decir, a privatizarse abierta o soterradamente.


Por otra parte, los aportes que establece el artículo 149 que dependen del incremento del PIB, además de ser exiguos son inestables y por lo tanto no garantizan un desarrollo continuado del sistema de educación ni mucho menos del trabajo investigativo—que requiere inversiones considerables y garantizadas por varios años—. 

Si tomamos el crecimiento del producto colombiano en los últimos diez años tenemos lo siguiente:


Si se aplica el criterio de incremento de los aportes de la Nación a las universidades basado en el crecimiento del PIB, este sería en promedio del sólo el 1.5%

La conclusión es evidente: la penuria de la enseñanza pública será mayor con esta reforma, los recursos no permitirán ninguna mejora de la calidad, sino que determinarán su deterioro, y la investigación científica sucumbirá en la escasez. Como en Chile, los ingresos de las universidades dependerán cada vez más de las familias, proceso que se inició en Colombia con la Ley 30 de 1992. Las IES públicas se verán forzadas a someterse a los “acuerdos” con los financistas para tratar de sobrevivir, entregando toda su autonomía.

Por ello, la comunidad universitaria está impelida a salir al paro nacional a derrotar la reforma Santos-Campo. Como ya lo hemos señalado, no tenemos alternativa: o libramos la batalla, en las circunstancias actuales, actuando con celeridad y energía para acrecer las fuerzas, o facilitamos que el régimen imponga sus designios. Hay algo peor que luchar en una situación adversa: aplazar la pelea arguyendo que se van a preparar las condiciones y declararse listo cuando ya todo está perdido. Es la grave responsabilidad que debe asumir el encuentro nacional que se reunirá el 20 y 21 de agosto: se pone al frente de manera inmediata del paro estudiantil o deja pasar el tiempo y que el gobierno de la Unidad Nacional gane terreno. Estamos seguros de que los estudiantes colombianos no seremos inferiores a nuestros compañeros chilenos. Sugerimos a quienes decidan dar prioridad a sus intereses electorales sobre esta brega patriótica por salvar la enseñanza pública, que se dediquen a lo suyo y que no obstaculicen la movilización con discursos apaciguadores ni tácticas dilatorias. Rechacemos las alzas de matrículas que se vienen dando en universidades como la Pedagógica. Condenemos la bárbara represión contra los estudiantes de la UIS y de la de Antioquia.

Contra la reforma privatizadora de Santos: paro nacional estudiantil oportuno, democrático y consecuente.

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